GINEBRA (21 de noviembre de 2024) – Los expertos de la ONU afirmaron hoy que el instrumento global jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, que se encuentra en su fase final de negociación, debe garantizar la rendición de cuentas en todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos. Antes de la última sesión programada del Comité Intergubernamental de Negociación en Busan, Corea del Sur, los expertos emitieron esta declaración:
«La dirección actual de las negociaciones para un nuevo tratado internacional sobre la contaminación por plásticos corre el riesgo de trasladar la responsabilidad de los Estados productores de plástico a los Estados en desarrollo, que carecen de la capacidad o los recursos para enfrentar esta problemática global. Los productores de plásticos, y los Estados donde están radicados, no están cumpliendo su parte en abordar los impactos adversos globales en los derechos humanos.
El instrumento jurídicamente vinculante que se está negociando debe incluir referencias explícitas a los derechos humanos para enmarcar soluciones efectivas y legítimas. Es imprescindible incluir lenguaje sobre el derecho a la información, el derecho al desarrollo y el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Además, el tratado debe reflejar principios clave de derechos humanos, como la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.
Cada etapa del ciclo de vida de los plásticos genera contaminación que amenaza el disfrute efectivo de los derechos humanos. El mandato otorgado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente al Comité Intergubernamental de Negociación fue claro: el instrumento en negociación debe abordar todo el ciclo de vida de los plásticos.
La transparencia sobre la contaminación por plásticos en todas las etapas del ciclo de vida implica que el público debe tener acceso a información precisa y accesible sobre los químicos preocupantes utilizados en polímeros y productos plásticos, el tipo y la cantidad de contaminantes emitidos o liberados en cada etapa del ciclo de vida de los plásticos, y los volúmenes producidos. Esta información es fundamental para proteger los derechos humanos frente a los impactos nocivos de los plásticos, así como para un monitoreo adecuado y la aplicación de los deberes de los Estados y las responsabilidades empresariales, incluyendo la reducción de la producción de plásticos que debe establecerse en el nuevo instrumento.
La rendición de cuentas significa que los productores de plásticos deben contribuir a un fondo global. Este fondo debe operacionalizar el principio de “quien contamina paga” y apoyar la implementación de medidas efectivas de gestión de residuos y tecnologías adecuadas para proteger los derechos humanos en el contexto específico de los países en desarrollo, especialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados afectados por la contaminación por plásticos. También debería cubrir la limpieza de la herencia tóxica de los plásticos, incluidas las islas de basura plástica en el medio marino.
La prevención del daño a la salud humana y ambiental requiere que los químicos preocupantes sean controlados adecuadamente y se mantengan fuera de los plásticos. Esto también permitirá la transición hacia una economía circular química y segura.
La prevención también implica que el diseño de productos plásticos debe permitir tanto la eliminación gradual de productos plásticos no esenciales como el reciclaje químicamente seguro. Esto es particularmente importante para los países en desarrollo que carecen de economías de escala y dependen de importaciones.
Un enfoque basado en derechos humanos también exige acceso a mecanismos de reparación, especialmente para las personas que sufren impactos desproporcionados por la contaminación por plásticos. Una transición justa que no deje a nadie atrás es fundamental para abordar la situación de muchas personas y grupos que derivan ingresos de trabajos relacionados con los plásticos.
La comunidad internacional debe unirse para poner fin a la contaminación por plásticos. Esto requiere una visión audaz que enfrente las externalidades negativas impuestas por las industrias de combustibles fósiles y petroquímicos, y que responda plenamente a la base de evidencia sobre las causas e impactos de la contaminación por plásticos en los derechos humanos a lo largo de todo su ciclo de vida, incluidos sus efectos en las otras crisis planetarias, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Una transición legítima y justa hacia el fin de la contaminación por plásticos exige colocar los derechos humanos en el núcleo del instrumento jurídicamente vinculante en negociación».
The experts: Marcos A. Orellana, Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes; Elisa Morgera, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change; Astrid Puentes Riaño, Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment; Surya Deva, Special Rapporteur on the right to development; Fernanda Hopenhaym (Chairperson), Lyra Jakulevičienė (Vice-Chairperson), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale, Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.
They are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.
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